Se crea un Colectivo de personas con el fin de ponerse al servicio de la ciudadanía y las instituciones en la monitorización permanente de la evolución de los Derechos Humanos, individuales y colectivos.
La vocación fundacional de este Colectivo es ampliamente inclusiva y transversal. No está relacionada con ninguna opción política tradicional, siendo el eje de su alcance estrictamente apolítico en el sentido partidista del término, y a la vez profundamente político en el sentido más etimológico de la palabra “política”, en cuanto a un compromiso declarado y firme con los asuntos de la ciudadanía, de cada persona y del conjunto del pueblo, cuyo sano desarrollo no puede tener una base diferente a los Derechos Humanos, individuales y colectivos, vertebrados necesariamente alrededor del derecho fundamental que los sintetiza todos: el Derecho a Decidir.
El ejercicio de cada Derecho Humano implica necesariamente una decisión, de expresarse, de ganarse la vida de determinada manera, de moverse libremente, de preservar la propia intimidad, etc, que es intrínseca, natural e intransferible de cada persona y por tanto de cada pueblo. En lo humano y fundamental, nadie, persona o colectivo, está legitimado, en ninguna circunstancia, para decidir por otro, y menos aun para imponer al otro las propias decisiones. Incluso cuando las mayorías legítimamente deciden, no pueden hacerlo contra ninguno de los derechos fundamentales de personas o pueblos, ya que estos derechos son intrínsecos y no están sujetos a criterios de mayorías.
Este colectivo es consciente del enorme esfuerzo que realizan las instituciones por preservar el bienestar socioeconómico y sanitario de nuestra sociedad. Y dado que el esfuerzo, e incluso la indudable buena intención, pueden no ser suficientes a veces, el Colectivo toma la responsabilidad de observar, diagnosticar, mostrar y asesorar sobre posibles errores y vías de resolución de los mismos. Un futuro próspero no depende de unas instituciones que no cometan errores, sino precisamente de aquellas instituciones que se atrevan a actuar, diligentemente y de buena fé, con el riesgo de equivocarse, y que a la vez tengan grandeza y sentido de pueblo para reconocer los errores con humildad, y corregirlos con la mayor honestidad y rapidez posibles.
El escrito siguiente va dirigido a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de Diputados con el fin de que, nos den la posibilidad de reunirnos con cada uno de ellos, a fin de intentar colaborar y esclarecer lo acontecido durante esta pandemia, de forma que para el futuro tengamos ideas más consolidadas de lo que realmente se debe hacer en una situación semejante.
Los asuntos a tratar se refieren a las distintas medidas que se han ido implantando en nuestra sociedad, en base a la solidaridad y el bien común, pero que por contraprestación llevaban implícitas una severa restricción de nuestros derechos y libertades, como así se ha confirmado por las propias sentencias del Tribunal Constitucional.
Las Instituciones con el aval de los partidos políticos para poner encima de la mesa propuestas de corte antidemocrático, por incidir directamente en la restricción de los derechos y libertades, era imprescindible el que se dispusiesen de estudios técnicos y científicos que avalasen dichas medidas, y siempre con el respectivo estudio de proporcionalidad con datos epidemiológicos respecto a lo que una medida pudiese suponer de mejora en la situación pandémica.
El confinamiento y las restricciones de movilidad, fueron declaradas inconstitucionales, pero hubo países sin confinamientos y restricciones de movilidad o bien con ellos ejecutadas de forma más laxa y sin embargo sus datos de incidencia de la pandemia fueron menores que las del estado español. ¿Mereció la pena transgredir los derechos democráticos cuando los datos epidemiológicos de otros países sin esa transgresión fueron mejores?
Igualmente con el asunto de las mascarillas, vemos como recientemente Sanidad nos ha confirmado la falta de evidencias científicas y aval técnico alguno de que las mascarillas sirviesen para protegernos, siendo la conclusión de que la imposición fue más bien política que científico-técnica, donde todos los gobiernos y partidos políticos con representación, tanto autonómica como parlamentaria fueron cómplices de dicha imposición, ya que ninguna representación política, en el Consejo Interterritorial de Salud, alzó la voz cuando por parte de la Ponencia de Alertas no se presentó informe técnico alguno que avalase la utilización de dichas mascarillas. ¿Cuál es la razón para que se adopten medidas de corte impositivo, cuando no existió aval científico alguno?
Otro elemento a destacar durante la pandemia, fue la técnica de PCR, utilizada para convertir en enfermos a personas que no lo estaban y, cambiar el paradigma de la medicina tradicional de atención primaria. ¿Se hizo una valoración del número de test de PCR y los ciclos realizados, cuando cerca del 70% fueron positivos asintomáticos?
Igualmente, y, elemento por excelencia de la pandemia, fueron las vacunas, donde los informes científicos siempre han sido realizados por las propias multinacionales farmacéuticas, llegándose incluso, en los tiempos actuales a tener informes contradictorios de sus propias vacunas. ¿No hubiese sido necesario el que estas vacunas se hubiesen estudiado por organismos independientes con total ausencia de conflictos de interés?
Pero el tema de las vacunas llevó implícita la complicidad de los gobiernos y políticos de todo el espectro ideológico con esas multinacionales farmacéuticas, llegando a distopías sociales de tal calibre, con total restricción de derechos y libertades a un sector de la población, como fue lo del pasaporte covid, que como se demostró tampoco tenía por parte de la Ponencia de Alertas informe técnico alguno que avalase su imposición. ¿Hubo algún gobierno o partido político que se opusiese a la imposición dictatorial de este pasaporte covid?.
Otro argumento más de la connivencia de todos los gobiernos y políticos es el no haber alzado la voz para pedir, ante los efectos adversos y fallecimientos acontecidos después de las inoculaciones, el que se pusiesen encima de la mesa los datos de ictus, miocarditis, pericarditis, trombosis, aceleraciones metastásica, antes de la pandemia y después de las inoculaciones, con el fin de estudiar epidemiológicamente lo que realmente ha ocurrido. ¿No hubiese sido conveniente y necesario estudiar epidemiológicamente si después de las vacunas el número de estos efectos adversos se incrementó o no?
Al igual, que, haber reflexionado ante datos tan contundentes como el que los fallecimientos por/con covid en el año 2022, con cinco inoculaciones, hayan sido mayores después de las mismas, que en el 2020 año de inicio de la pandemia, sin vacuna alguna. ¿No existe ningún gobierno, ni partido político alguno, que se plantease una mínima duda razonable sobre si este medicamento no habrá servido para el objetivo que se proponía?.
La vacuna desde un inicio se consideró como un medicamento experimental y, en ciencia los experimentos tienen fecha de caducidad, por lo que aplicando el rigor científico y con los datos que se tenían, lo que hubiese procedido a realizar hubiese sido una moratoria, con la paralización de las inoculaciones, con el fin de estudiar los datos disponibles de la efectividad de dicha vacuna. ¿Hubo algún partido político, que basándose en la ciencia hubiese pedido esta moratoria?
Todas estas medidas tomadas durante el relato pandémico, nos han llevado a una fractura social, donde los que seguían el disurso oficial eran los buenos y los que eran críticos con el mismo, los malos, hasta el punto de llegar a constituirnos en una sociedad absolutamente distópica. ¿Son conscientes los políticos en que con sus medidas y, lo que es peor su proceder, han desestructurado la sociedad, llegando a dividirla de forma un tanto irracional?
El Tratado antipandemias propuesto por la OMS, sin entrar en que, al final del mismo lo que subyace es una dictadura sobre la salud a nivel mundial, la realidad es que, por una parte los países que lo aprueben haran una dejación de soberanía como tal país, y, por otra, el que esta dejación de soberanía, a fin de cuentas es una dejación donde la salud pública de los países los gestionaría un ente cuya financiación, en gran parte es de capital privado. ¿Van los partidos políticos a permitir esa dejación de soberanía?. ¿Van a permitir que nuestra Salud se pase de una gestión pública a una gestión privada?
Por lo tanto, lo que se pretende con este texto, es por una parte dar a conocer a los partidos políticos de la existencia de más de una duda razonable sobre lo acontecido durante la pandemia, y, por otra, solicitar con cada uno de ellos una reunión con el fin de colaborar en dar respuesta a todas estas dudas razonables en base a las preguntas suscitadas en el propio escrito, ya que la intención del Colectivo es la defensa de los Derechos Humanos, individuales y colectivos.
Abril 2024
FIRMAN EL ESCRITO:
Jon Ander Etxebarria Garate
María Lidia Senra Rodríguez
Teresa Sala Izuriaga
Isabel Martín Gómez
Mari Ángeles Maestro Martín
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